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de CorrupcionCERO - En fase Beta -
Con el software propietario que la administración pública adquirió se están formando analfabetos digitales.
El plan Escuela 2.0 fue negociado previamente con empresas fabricantes de procesadores y componentes informáticos, editores de libros y operadores de telefonía. Las empresas todavía se están frotando las manos con este nuevo “negocio”, que les dará unos pingües beneficios. Imaginen lo que supone que casi 2,5 millones de alumnos y alumnas reciban un mini-PC con el software de Microsoft preinstalado, en particular su Windows 7. Porque este “negocio” apuesta por el software propietario, pasando por encima de los proyectos de software libre de una serie de comunidades autónomas que llevan trabajando en ello hace años. Lo cual prolongará la dependencia tecnológica y económica de las empresas privadas, como afirma Jordi Adell, profesor de la Universidad Jaume I de Castellón y experto en nuevas tecnologías. Contradiciendo incluso los propios programas electorales del PSOE tanto del 2004 en el que se prometía “impulsar la implantación de software libre de código abierto en el sistema educativo y un amplio programa para elaborar, recopilar y difundir materiales curriculares y de apoyo al profesorado en soporte informático y software libre” (pg. 176), como en el del 2008 que volvía a prometer “potenciar el desarrollo del software de código abierto, especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad, y las administraciones, así como la democratización del conocimiento como fuente de progreso humano, cultural y económico de nuestra sociedad” pg. 131).
Si actualmente vivimos la resaca de una burbuja de especulación inmobiliaria, parece que ahora entramos en una burbuja de especulación con el sistema educativo. Cuando, en los inicios de la informatización masiva del sistema educativo, la Junta de Extremadura decidió en 2001 instalar un ordenador con software libre por cada dos alumnos o alumnas, en todos los institutos de secundaria de Extremadura, varias comunidades autónomas comenzaron a considerar la idea de imitar la iniciativa extremeña. Microsoft tardó en dar una respuesta, pero fue contundente y origen del actual plan: en 2007 llegó a un acuerdo con la administración educativa de Aragón distribuyendo su propio material, por supuesto, basado en software privativo. Esta experiencia piloto, puesta en funcionamiento por el PSOE aragonés, salió tan bien que Eva Almunia, su responsable, fue ascendida a la Secretaria de Estado de Educación para, como ella misma afirmó, extenderlo al resto de España, ya que recibió felicitaciones y premios de diversas publicaciones del sector (económico, claro está), y el mismísimo Bill Gates estrechó la mano de sus responsables ante todos los medios de comunicación.
A partir de esta experiencia piloto, el anuncio del plan Escuela 2.0 de Zapatero en 2009, fue el pistoletazo de salida del gran negocio educativo del futuro: Los fabricantes de ordenadores, como Toshiba, tomaron enseguida posiciones para vender el mayor número de unidades posible. Ya han conseguido vender sus productos en Andalucía y Cataluña. Microsoft se lanzó entonces a la re-conquista de España. De momento ha tomado ya varias comunidades autónomas: Aragón, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha y Euskadi. Los editores de libros de texto, con Santillana al frente, ni siquiera esperaron al anuncio presidencial: la mañana en que Zapatero se disponía a realizar su fantástico anuncio, El País ya proponía una serie de ideas en las que encargaba la creación de materiales a las editoriales y desautorizaba a las administraciones públicas. En Cataluña ya están iniciando la venta de contenidos digitales a través de la red. Incluso los operadores de telefonía están diseñando planes para ofrecer tarifas especiales a los escolares para acceder a Internet desde sus hogares (por supuesto, sólo están interesados en explotar este negocio en las zonas en que sea rentable, abandonando a su suerte a las zonas rurales que no dejan altos beneficios).
Si se considerara un precio (rebajado) de 60 euros por cada sistema operativo y de otros 52 euros por cada licencia de Microsoft Office para estudiantes, estaríamos hablando de un coste anual de casi 100 millones de euros. A lo anterior habría que sumar otros costes de licencias, como el antivirus, indispensable para ese sistema operativo (e innecesario para el software libre Linux) y que exige contratar actualizaciones de aproximadamente 25 euros anuales por usuario o usuaria, además del coste de todo el resto de aplicaciones de uso común para Windows, muchas de ellas muy costosas. No sólo se están destinando grandes cantidades de dinero público (dinero de nuestros impuestos) a la adquisición de un software que, para uso escolar, es perfectamente sustituible por software libre, sino que, para colmo, el uso de software privativo crea una costosa dependencia tecnológica e induce al alumnado a destinar parte de sus futuros ingresos a la adquisición de mas software privativo. Por último, hay que tener en cuenta los sobreesfuerzos de mantenimiento que requiere Windows y que tendrían que sufragar las propias comunidades autónomas. En un momento tan grave de crisis y de sacrificio para más de 4 millones sin trabajo es realmente escandaloso el que se conciba la mejora de la educación como oportunidad de negocio para unas cuantas empresas privadas.
Es cierto que los equipos tendrán arranque dual, es decir, se podrá instalar tanto Windows 7 como software libre. Por eso la secretaria de Estado, Eva Almunia, afirmó que el Gobierno siempre ha defendido la “neutralidad tecnológica”. Apostillando la presidenta de Microsoft que la comunidad educativa no tiene estas “preocupaciones ideológicas”. O sea, que “neutralidad tecnológica” es pagar de nuestros impuestos cientos de millones a las empresas privadas, como hizo Eva Almunia en Aragón; y “preocupación ideológica” es reivindicar que el software que va a utilizar nuestro alumnado sea libre y gratuito. Es más, como dice el presidente de la asociación Hispalinux, José María Lancho, el arranque dual es una solución que atenta contra la libre competencia e incumple la Ley de Contratos del Sector Público.
Lo peor es que es poco probable que los beneficios para el sistema educativo, si los hubiera, guarden alguna proporción con la cantidad de recursos económicos gastados en este faraónico plan de “buena imagen”. Parece que nos proponemos conseguir un alumnado 2.0 con una escuela 0.7 en recursos educativos, dotación de profesorado, formación del profesorado, metodologías utilizadas, organización educativa, etc. ¿No sería más adecuado dotar a los centros y no a los individuos (excusa para destinar más recursos a los centros concertados)? ¿No sería más urgente invertir justamente en aquellas “innovaciones” que realmente necesita el sistema educativo? ¿O es simplemente un «golpe de efecto» para ocultar los problemas estructurales del sistema y promover negocio?
Tras este “golpe de imagen” ya nadie culpará del fracaso o los problemas educativos a los políticos que gestaron tan magnífico plan, ni a las administraciones educativas que lo pusieron en marcha, ni a las empresas que, como Microsoft, vendieron su software a las administraciones educativas, ni a los fabricantes que les vendieron los portátiles, ni a las editoriales que les vendieron los contenidos, ni tampoco a los operadores de telefonía… El problema será el profesorado recalcitrante al cambio, el alumnado que no quiere o no es capaz de estudiar, o incluso las familias que no se preocupan por sus hijos e hijas. Parece la “educación al revés”: que los que van a cambiar y mejorar la educación son precisamente los que hacen negocio con ella. Vamos, que parece que, a partir de ahora, la educación 2.0 pasa por las empresas, no por el profesorado y la comunidad educativa. En esta “reforma” seremos espectadores del gran negocio que se hace a nuestra costa.
Pero lo cierto es que pasar los libros de texto a formato digital o, simplemente, utilizar ordenadores y pizarras digitales en las aulas, no supone cambiar el curriculum, ni cambiar la escuela, ni alterar la metodología docente. Poner los mismos contenidos textuales en formato digital o cambiar el lapicero por el ordenador, no es construir una escuela 2.0. La web 2.0 hacía referencia a un cambio estructural de perspectiva en el que la persona usuaria pasa de ser “consumidora” a ser “autora”. Y como plantea Juana Mª Sancho Gil, profesora de la Universidad de Barcelona y experta en Tecnología Educativa, en las escuelas los niños y las niñas siguen siendo consumidores de información producida por otros, pero no protagonistas de su proceso de aprendizaje, no investigadores e investigadoras, creadores, escritores, autores que construyen de forma activa el conocimiento y comparten los contenidos y materiales que han creado tanto el profesorado como el alumnado. La mera dotación instrumental de “aparatos” que se está haciendo no implica un cambio sustancial de enfoque, metodologías, formación del profesorado, atención personalizada a grupos más pequeños, trabajo cooperativo, etc. Estas tecnologías no vienen acompañadas de una auténtica pedagogía 2.0; sino de una campaña de imagen y marketing para vendernos este nuevo “negocio 2.0” de las grandes empresas (editoriales y de software), financiado a costa de la educación pública. Porque lo “2.0″ es una marca que vende bien.
Para introducir este plan ni siquiera se han asesorado con personas especializadas en psicopedagía o educación, explica el analista Jose Luis Murillo. Se han reunido con Microsoft, Intel, Banesto, HP, Iecisa (El Corte Inglés), JP Sà Couto, Telefónica o Vodafone. Antes, para hablar de educación se leía, analizaba y discutía con Pablo Freire, Aussubel, Vigotski, Freinet, Montessori, Piaget, Giner de los Ríos, la escuela de Barbiana, Novak, … y se debatía sobre qué y cómo aprender y enseñar. Y es que, a pesar de estudios como Scholl of Education de la UNESCO, investigaciones e informes como el de L. Woessmann y T. Fuchs sobre el informe PISA, etc., que insisten una y otra vez en que el uso y el aumento de tecnologías en las aulas por sí mismo no supone una mejora en la calidad educativa, Zapatero ha hecho oídos sordos a todo ello y se ha lanzado a llenar nuestras aulas de cachivaches sin mayor reflexión pedagógica o educativa.
Por eso, concluye Jordi Adell, la cultura, para Zapatero, es otro sector económico más, no un derecho. Este plan, afirma, en realidad, no tiene nada que ver con la educación. Zapatero no apuesta por los docentes, el alumnado o la ciudadanía, apuesta por el negocio. Es un plan para aumentar los beneficios de varios sectores de la industria y el comercio, ignorando lo más básico acerca de las nuevas tecnologías y la pedagogía, puesto que no es un plan para cambiar nada de lo que ocurre dentro de las aulas. No tiene en cuenta los derechos básicos de los ciudadanos y las ciudadanas a una educación de calidad y gratuita durante el periodo obligatorio y las posibilidades de desarrollo de un país con libre acceso al conocimiento y la cultura. La enseñanza 2.0 no debería plantearse como negocio, sino como oportunidad de cambio de valores respecto al conocimiento, el proceso de aprendizaje, la metodología y el compartir materiales y recursos.
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